El Replicador Liberal

El pasado sábado, el Instituto Juan de Mariana acogió en su sede madrileña una conferencia del antiguo ministro español de industria y comercio, Miguel Sebastián, a la sazón profesor de macroeconomía en la universidad complutense de Madrid, y según algunos, un acérrimo y entregado polemista. Lo que allí se dijo y se vivió no dejó indiferente a ninguno de los presentes, ya fuera porque esperaban mucho más, o sencillamente porque no esperaban menos.

Yo me incluyo dentro de los segundos. Asistí a la conferencia a sabiendas de que iba a tener que prestar mis oídos a un político consumado, y el sermón de la montaña que acabé escuchando no me defraudó lo más mínimo. Su charla no pasará a los anales de la historia ni será recordada por haber marcado ningún punto de inflexión en la comprensión general del pensamiento económico moderno. Muy al contrario, fue una conferencia bastante aburrida y anodina, que no despertó demasiado interés entre los asistentes. Su autor se limitó a describir algunos gráficos y a componer un relato a veces pseudobiográfico, y a veces perogrullesco, que no fue capaz de atraer la atención de nadie. Afirmar en la sede del Instituto Juan de Mariana, bastión del liberalismo más radical, que la agenda para la recuperación de nuestro país consiste en hacer algunas mínimas reformas en materia de libertad económica (por ejemplo, decir que no se debió subvencionar la energía solar, pero, en cambio, sí se hizo bien al auxiliar a todas las demás), no pasa de ser una aclaración innecesaria y timorata, escasamente impresionante para aquellas personas que se han pasado la vida insistiendo en esas mismas reformas, desde mucho antes de que el exministro y ponente accediera al cargo que le granjeó fama. Da la impresión de que el antiguo ministro se acabara de caer del guindo y, tras analizar los golpes recibidos a consecuencia del impacto, quisiera darnos lecciones a todos los que nos caímos de un guindo mucho más alto hace mucho más tiempo. Realmente, suena bastante ridículo.

El título que eligió el exministro de Zapatero para encabezar su charla: Los retos pendientes de la economía española, seguramente quería aludir a los fallos que, en opinión del propio ponente, se habían cometido durante el mandato de Rodríguez Zapatero. Pero bien podría haber pasado por otra cosa, perfectamente podía haber sugerido otro tipo de asignatura pendiente, la que sin duda demostró tener el propio conferenciante en materia económica durante todo el tiempo que ostentó su cargo de responsabilidad al frente del gobierno.

La única lección que un servidor extrajo de dicha charla, fue más bien una constatación casi innecesaria a estas alturas, la confirmación de que todos los políticos, en mayor o menor medida, utilizan un registro dialéctico bastante parecido, el cual está trufado de eufemismos, falsos reconocimientos, salidas de pata de banco, huidas por la puerta de atrás, y otras muchas artes escapistas. La mayoría de políticos son incapaces de sostener un debate mínimamente intelectual, desconocen completamente el sentido de una teoría bien asentada, o actúan como si no lo conocieran. En la presentación que hizo Miguel Sebastián se pusieron de manifiesto, una vez más, todos estos desconocimientos y despropósitos que asperjan el currículo y la biografía de cualquier estadista medianamente digno de tal nombre.

Sebastián rehuía las peticiones que le íbamos haciendo todos los asistentes. Previamente, había dejado claro que no aceptaría que el turno de preguntas se retrasmitiese a todo el mundo. Respondía constantemente con evasivas, o apelaba continuamente a su gestión ministerial. Todas las cuestiones que le íbamos planteando, las redirigía él de manera que pareciera que estábamos atacando a su persona, poniendo en duda su misión al frente del gobierno. Para un político, la praxis personal está totalmente disociada de la teoría. Ninguno quiere profundizar demasiado en el pensamiento de base, prefieren hablar de su cara bonita, de sus gestiones que siempre consideran necesarias, o de sus logros al frente del Estado, que siempre descollan por encima de todo lo demás.

Tras reconocer que pudieron haber cometido algunos errores menores, el exministro se justificó diciendo que no hubo forma de hacerlo de distinta manera, y pasó a continuación a decir que los liberales también debíamos hacer acto de contrición y reconocer que nos habíamos equivocado. Esta apelación a nuestra capacidad de autocrítica fue la revelación más importante de la charla. Con ella quedó claro el aspecto y la facha contradictoria que engalanan el discurso de Miguel Sebastián. Por un lado, defendía que la crisis se había debido al exceso de libertad y al capitalismo salvaje que veía reflejado en nosotros. Pero, al mismo tiempo, su reconocimiento consistió en decir que se habían cometido algunos errores allí donde se tendría que haber dejado que el mercado hubiese marcado las directrices del progreso. Primero se acusaba a sí mismo por haber sido poco liberal, y acto seguido, acusaba a los liberales de ser los adalides de una liberalización desmedida, que había llevado a la privatización de diversas empresas, las cuales habían puesto de manifiesto lo pernicioso que es dejar todas las decisiones en manos de los empresarios privados. O sea, primero reconocía algunas falacias y acciones del intervencionismo, y a continuación aseguraba que el problema había sido el exceso de libertad. Esto es una absurdez absoluta. O una cosa o la otra, o la crisis se debió al exceso de intervención, o se debió al exceso de libertad, pero los dos supuestos no se pueden haber dado a la vez. No se puede afirmar que se equivocaron todos los que defendían las regulaciones de determinados sectores económicos, y a continuación decir que la crisis vino motivada por un exceso de desregulación. No se puede decir que el problema fue la falta de voluntad política para poner en marcha las reformas que habrían corregido las debilidades estructurales del sector público, y decir al mismo tiempo que la culpa la tuvieron aquellos que promovieron y consiguieron una liberalización excesiva. Sobre todo, no se puede afirmar que faltó voluntad política, y decir al mismo tiempo, para justificar el cargo, que los políticos que dirigen un país y atienden a todas las sensibilidades, siempre tienen las manos atadas, y no pueden emprender las reformas necesarias. Todas estas afirmaciones resultan bastante paradójicas viniendo de quien vienen.

En cierto momento de la discusión, ya no me pude contener más tiempo. A sabiendas de que estaba contribuyendo a acrecentar el gallinero que allí se había creado, me dirigí al exministro e intenté hacerle ver que su planteamiento estaba viciado desde el principio, porque partía de una negación ominosa de la realidad, a saber, la que asegura que la sociedad no se encuentra fuertemente intervenida. En seguida me contestó que él no hablaba de teorías, y que en la práctica política no se podía aplicar la visión del mundo que nosotros le proponíamos. A la salida, cuando ya había acabado todo, le oí decir que nosotros éramos iguales que los comunistas, que vivíamos en una realidad utópica e imaginaria. En verdad -le repliqué- el mundo que habitamos está muy lejos de ser aquello que algunos soñamos. Pero no se puede decir que la mera actitud soñadora, o el objetivo aún incumplido, constituyan de por sí un ejemplo de utopía parecido al comunismo. Por mucho que el liberalismo sea también un sueño incumplido, las razones de ese incumplimiento no son ni de lejos las mismas que asisten al marxismo. Este último se debe a una visión irreal, a una burda falacia propalada por un grupo de facinerosos y asumida por un pueblo inculto e impotente. En cambio, la otra imposibilidad, la que impide que el liberalismo se haga efectivo, está propiciada, no tanto por el hecho de ser una mentira con las patas cortas, como por el hecho de constituir una propuesta demasiado verdadera para ser adoptada por la gente vulgar, que esta siempre más abierta a aceptar las promesas falsas que les ofrece su líder en bandeja de plata. Al comparar comunismo y liberalismo, Miguel Sebastián se refugiaba de nuevo en la labor que tiene que realizar el político consecuente, siempre en medio de dos fuegos abiertos, incapaz de contentar a las partes que participan en el conflicto social, sometido a los debates del parlamento y a las sensibilidades dispares que allí se congregan.

En el turno de preguntas posterior a la charla magistral, Miguel Sebastián adujo que él nunca había defendido la duplicidad administrativa que hoy en día limita la funcionalidad del gobierno español, y que por tanto no se le podían achacar los problemas que generan las tensiones que surgen entre las diecisiete comunidades autónomas que fragmentan el país. Pero acto seguido no se arrugaba al defender la legitimidad histórica de las autonomías vasca y catalana, precisamente esa reivindicación cuya propuesta condujo en la transición española al sistema de división territorial que hoy padecemos todos los ciudadanos. De nuevo, el eximio exministro incurría en otra contradicción grave.

Sebastián es conocido dentro del ámbito socialista como un liberal auténtico. Se le acusa de defender alguna que otra liberalización y se le reprocha que reconozca ciertos errores puntuales cometidos cuando ejercía como ministro, errores que, según el interfecto, tienen que ver con el exceso de regulación y las artes socialistas. En el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. No obstante, no nos llevemos a engaño. Al mismo tiempo, este supuesto liberal se justifica diciendo que siempre tuvo las manos atadas. En el fondo, piensa que es imposible llegar a la política y realizar algunos cambios sustanciales. A su vez, opina que nosotros, los liberales austriacos, vivimos ubicados en una utopía permanente, y que con más motivo deberíamos apelar a nuestra capacidad de autocrítica, como él dice que hace. Sebastián afirma que debemos reconocer algunos errores de cálculo, ya que el liberalismo que arengamos no funcionó como nosotros predijimos: la liberalización fue un fracaso y fue lo que trajo la crisis. Desde luego, el exministro no entiende en absoluto cuales son las causas de dicha depresión. Parte de una negación de la realidad que oculta que el mundo nunca ha llegado a tener el nivel de libertades que algunos reivindicamos.

En un momento de la discusión, Juan Ramón Rallo le insistió para que dijese qué entendía por liberalismo. Miguel Sebastián balbuceó un poco y a continuación ofreció una definición bastante vaga: “yo creo en la libertad de las personas”. Esta respuesta nos remite de nuevo a la pregunta de partida: ¿qué es la libertad de las personas? Por tanto, no responde absolutamente nada (de nuevo, apareció el político resbaloso). Pero podemos intuir cuál es la opinión que esconde Miguel Sebastián. Estoy seguro de que tiene el mismo concepto de libertad que tienen todos los socialdemócratas, es decir, aquel que asegura que la libertad es un estado que conceden y procuran los políticos, al crear un sistema de bienestar suficientemente omnímodo y paternalista. Pero los liberales auténticos no entendemos el liberalismo de ese modo, como una especie de relación paternofiliar. Creemos que la auténtica libertad no se puede basar en conceptos que nos remiten a la obediencia y las irresponsabilidades de los niños y los menores. Nosotros creemos en una sociedad de adultos responsables, hombres hechos y derechos, que no dependen de las dádivas del político y que tampoco están anclados y sometidos a sus mandatos. La libertad del individuo no puede hacerse depender de aquello que establezcan los demás, basándose en sus propias creencias, y menos aun de aquello que dicten los gobiernos, amparados por un poder cada vez más extensivo.

Si algo se puso de manifiesto el sábado pasado en la conferencia de Miguel Sebastián, es que este economista es un animal político bastante característico. Las declaraciones que efectuó en el transcurso de su exposición y durante las réplicas posteriores, seguramente no servirán de inspiración a ninguno de los futuros premios Nobel de economía, pero en cambio, sí permiten entender una cosa importante. Ponen de manifiesto las principales cualidades que suelen detentar todos los políticos, su tendencia a eludir las preguntas, su incapacidad para el diálogo teórico, su continua apelación a la responsabilidad y a las imposiciones que dicta el cargo que ostentan, o la forma que tienen de justificar su permanente inacción o sus meteduras de pata, alegando que les fue imposible hacer alguna mínima reforma en la buena dirección.

En definitiva, se puede decir que la conferencia del pasado sábado no aportó demasiadas cosas en el plano de las ideas, pero en cambio sí permitió hacer una vivisección completa bastante fidedigna, la biopsia del espécimen político que habita en el páramo intelectual y que baja al abrevadero a beber en las fuentes de la obcecación doctrinaria y las escusas baratas. Un estadista sibilino que se complace al entregarse a las estrategias cambiantes que le dicta el partido. Este prototipo de ejemplar, lejos de extinguirse, está adquiriendo cada vez más protagonismo y más fama internacional, convenciendo a las masas para que confíen en él, exagerando el papel que tiene el Estado en la sociedad, atribuyéndose más importancia, y extendiéndose por todo el mundo como una plaga de langostas, sin encontrar apenas ninguna resistencia ciudadana.

El intervencionismo que estimula y que acicatea a la mayoría de políticos y de adeptos a la causa, lejos de desaparecer, renueva sus fuerzas cada vez que uno de ellos retoma el poder del parlamento, o cuando lo pierde al cabo de unos años y se empeña en ofrecer todas las escusas que uno se pueda imaginar. Miguel Sebastián es un ejemplo de ambas cosas. Cuando estuvo en el gobierno no hizo nada para remediar los problemas que acuciaban al país. Y ahora que ya no está, no encuentra el momento para disculpar su ejercicio (el político siempre será político, es más, su carácter se ve acrecentado cuando pierde el poder; al dejar de gobernar, se vuelve más rencoroso y receloso, o peor aún, se convierte en profesor de universidad, y va por ahí dando lecciones a todos los demás). Y si acaso reconoce algún error, lo justifica diciendo que no pudo hacerlo de otra manera, y lo emborrona con todo tipo de aporías y de contradicciones. Miguel Sebastián es el prototipo de gobernante, un hombre escurridizo y resbaloso, que en cuanto es abordado se pone a hablar como lo hacen los políticos: “no te permito que pongas en duda mi gestión, “la teoría no tiene nada que ver con la práctica, “cuando uno sube al poder tiene las manos atadas”. Esos latiguillos son los que todo buen estadista utiliza para salir del paso. Miguel Sebastián representa el mayor problema que debe enfrentar la sociedad moderna, ahora que todo depende cada vez más del progreso tecnológico y la libertad económica. En este sentido, la charla que nos ofreció el pasado sábado resulta bastante instructiva. Por lo demás, no pasó de ser una exposición anodina, otra escusa de Miguel, en este caso una que servía para venir al instituto a echarnos el muerto y enfrentarse con nosotros. Por lo menos esa fue mi impresión. Me dio la sensación de que Miguel había preparado su decálogo de reformas de manera apresurada, solo para esperar el turno de preguntas y poder defender entonces con uñas y dientes su gestión al frente del gobierno. Pero esto solo es una sensación personal. No estoy diciendo que fuera exactamente así. Lo que sí quedó de manifiesto de manera clara fue el animal político que todos los estadistas guardan dentro de sus entrañas. Una bestia que se abalanza sobre el contrincante sin utilizar demasiados argumentos, y sin importarle las contradicciones y las incompatibilidades de su razonamiento, ni los reveses de las experiencias vividas en el pasado, cuando se ostentaba el poder y se perfilaba el desastre. En fin, todo un dechado de virtudes y de bondades, puestas al servicio del Estado.

En la segunda mitad del siglo XX, el economista y teórico político Murray Rothbard, principal epígono de la escuela austriaca por aquella época, emprendió una campaña de depuración ideológica que alentaba la creación de un movimiento libertario dedicado a propugnar la erradicación de cualquier forma de gobierno que tuviera una penetración general y un marcado carácter ecuménico. Rothbard consideraba que todo Estado debía ser objeto de las mismas críticas y denuncias, toda vez que cualquiera de ellos acarreaba los mismos peligros y obedecía a la misma lógica que los demás, independientemente del tamaño que tuviera o de las disposiciones que impartiese. Rothbard también aseguraba que el liberalismo tenía una ascendencia izquierdista, más cercana a las ideas revolucionarias de Bakunin que a aquellas otras que habían sostenido hasta entonces los liberales clásicos. Su obsesión por la propiedad privada y por la independencia de las decisiones individuales le llevó incluso a decir que el aborto estaba justificado en todos los casos, y que el feto era poco menos que un parásito maligno infiltrado en el útero de su progenitora, y del que ésta tenía derecho a deshacerse en cualquier fase de la gestación. En palabras del propio Rothbard: “Antes del nacimiento… el niño no puede ser considerado persona humana […] El auténtico dato de partida para el análisis del aborto se encuentra en el derecho absoluto de cada persona a la propiedad de sí misma. Esto implica, de forma inmediata, que todas las mujeres tienen el derecho absoluto sobre su cuerpo, que tienen dominio total sobre él y sobre cuanto hay dentro de él, incluido el feto. En la mayoría de los casos, los fetos se encuentran en el seno materno con consentimiento de las madres. Ahora bien, si una mujer no desea que se prolongue esta situación, el feto se convierte en «invasor» de su persona y la madre tendría perfecto derecho a expulsarlo de sus dominios. Según esto, habría que considerar el aborto no como el «asesinato» de una persona, sino como la expulsión de un invasor indeseado del cuerpo de la madre. Por consiguiente, todas las leyes que restringen o prohíben el aborto invaden derechos de las mujeres afectadas por esta normativa.”

Como resultado de todas estas incitaciones anarquistas, algunas de las cuales se atreven incluso a definir la vida y a decidir qué personas son dignas de seguir viviendo, hoy en día existen decenas de miles de libertarios que están convencidos de que la eliminación completa del Estado es poco menos que una suerte de instrucción lógica necesaria, coherente con los principios del liberalismo verdadero y con los preceptos de una teoría totalmente depurada. Sorprende la soberbia con la que algunos de ellos defienden la desaparición de cualquier marco o institución general, toda vez que la tradición liberal nunca se ha caracterizado por sostener esa tesis, y sobre todo teniendo en cuenta que no existen pruebas sólidas que demuestren la veracidad de esta aserción, a saber, que un Estado mínimo es sustancialmente peor que un sistema ácrata (nunca ha existido un verdadero Estado mínimo). Los anarcocapitalistas aducen que no se necesitan tales pruebas, que la lógica pura es contundente a este respecto, y que solo existe una manera de defender la teoría liberal, y es la de llevarla hasta sus últimas consecuencias, afirmando que el individuo es propietario absoluto de su vida y de sus bienes, y no se le puede coaccionar con impuestos o con mandatos generales que él no haya aprobado voluntariamente. Demostraré en este artículo que esa afirmación es errónea, y que lo que realmente pone de manifiesto la lógica deductiva es precisamente lo contrario, a saber, que existen algunos casos en los que el individuo sí debe ser sometido y obligado. Dichos casos se dan cuando alguien intenta vulnerar el principio que garantiza la propiedad y la soberanía individuales. Como quiera que esas vulneraciones son palmarias, y en tanto en cuanto representan el mayor agravio que se puede hacer a la libertad, su erradicación también debe ser general, y por tanto se hace necesaria la figura de una entidad que implique a toda la sociedad, y la exigencia de una cuota mínima o impuesto universal que permita sufragar la creación y mantenimiento de ese sistema de fuerzas, el cual estará dedicado exclusivamente a la supervisión, protección y garantía de las propiedades privadas. Sin esa coacción institucional (y general) la defensa incondicional del individuo carece por completo de sentido.

El absolutismo que manifiesta ésta exigencia no tiene que llevarnos a creer que la defensa de un sistema general que salvaguarde la libertad supone una nueva forma encubierta de tiranía. El absolutismo no es sinónimo de totalitarismo. No lo será si lo que se pretende es defender el derecho que tienen todos los individuos a disponer de su cuerpo y sus propiedades como ellos quieran, sin excepciones de ningún tipo. Pero ese mismo absolutismo resulta ciertamente dañino, y deviene en perjuicio, si ese derecho fundamental se pone en cuestión por los motivos que sean. Existen principalmente dos formas de cuestionarlo. La más común de ellas consiste en negarlo tajantemente. El socialismo basa toda su ideología en esa negación. Los socialistas solo creen en la propiedad comunal y anteponen ésta a los derechos individuales. Pero también existe otra forma más sutil de negar las libertades individuales. El anarcocapitalismo hodierno defiende la propiedad privada con tanto celo que acaba pensando que toda coacción es ilegítima. Piensa que el principio de la propiedad privada no puede tener excepciones de ningún tipo, y que cualquier intromisión pública en la vida del individuo es de por sí un acto injusto claramente denunciable. Los anarquistas de mercado equiparan propiedad con falta de coacción estatal, y al hacer esto actúan en detrimento del propio principio que dicen apoyar, pues no extienden su defensa a todas las personas, dejando la misma en manos de muchos organismos privados, que la relativizarán y la ningunearán, diluyendo de esta manera el sentido de la legislación y el carácter de la verdad (no puede existir una ley absoluta que no se deba a una única obligación general).

Para el anarcocapitalista, la excepción a su principio se produce cuando existe alguna coacción estatal. Para la otra rama liberal, la minarquista, las excepciones devienen cuando no se dan las condiciones generales necesarias para que se cumpla el principio que trata de defender. La naturaleza física de los cuerpos celestes, y la fuerza gravitatoria que actúa sobre ellos en todo el universo, garantiza que estos astros se muevan tal y como predice la ley. Igualmente, la existencia de una norma general que regule el derecho de los individuos a ser libres (Estado minárquico) evita las excepciones que este principio puede sufrir. Las excepciones no devienen con la regulación institucional, devienen cuando el Estado es demasiado grande (socialismo), lo que ocasiona graves intromisiones en la libertad del individuo, o cuando no existe ningún Estado (anarcocapitalismo), lo que provoca un vacío legal que da lugar a todo tipo de injerencias y experimentos. En esto, el socialismo y el anarquismo de mercado tienen una mayor afinidad, y se diferencian ambos de la posición que adopta el minarquismo y el liberalismo clásico, que sí hacen una defensa activa y absoluta de las libertades individuales.

Tal vez, el ejemplo más claro de que el anarcocapitalismo constituye una ideología más próxima a la socialdemocracia que al liberalismo sea la posición absolutista que éste ha decidido adoptar en los últimos años, su defensa radical de la propiedad, que ha llevado a muchos partidarios a abrazar de inmediato cualquier medida que lesione mínimamente la integridad y la soberanía de una nación. Incluso están dispuestos a coaligarse con los nacionalismos más ultramontanos, que no son sino una versión extrema del estatismo y el socialismo que los propios libertarios intentan combatir. Se puede decir que muchos de esos liberales han acabado firmando un pacto con el diablo, a través del cual han entregado su alma a una causa que no es la que en principio decían defender.

Es muy curioso que el liberal del siglo XXI piense que el mejor camino para promover la libertad del individuo pase por abrazar las mismas ideas que apoyan los colectivos nacionalistas, favoreciendo de esa manera la división social y la entronización de todas las castas comarcales que proliferan en la periferia de los territorios nacionales. Algunos liberales no entendemos cómo se puede conciliar la existencia de múltiples Estados y legislaciones con la defensa de un principio de libertad único y con la tendencia natural del mundo a la globalización y la unidad. Esto es lo que nos parece contradictorio, y no la existencia de un gobierno de mínimos que garantice esas libertades y esa evolución.

El anarcocapitalista hodierno, de corte nacionalista, comete una equivocación grave bastante pueril. Identifica erróneamente la secesión nacional con la asociación voluntaria. Al hacer esto, mezcla dos ámbitos disciplinarios completamente distintos, el ámbito de la economía y el ámbito de la política, la voluntad privada del individuo y la voluntad colectiva que reivindican los Estados independentistas. El anarcocapitalista afirma defender el mercado libre y la libertad del hombre, pero en el asunto del nacionalismo comparte las mismas ideas que proclaman los chovinistas políticos y los gobernantes autárquicos, que solo buscan la homogeneidad cultural y la dominación territorial. Resulta paradójico que, por querer alejarse de cualquier posición que apoye la existencia del Estado, acabe coincidiendo con aquellos grupos que se sirven del Estado para imponer un gobierno de facto. Esta deriva, ciertamente ilógica, proviene de confundir la libertad del ciudadano para disponer de sus bienes como quiera con la libertad del político y del colectivo para sacar adelante cualquier legislación que se presente y se apruebe democráticamente. Esta estirpe de anarcocapitalistas ha dejado de considerar que la libertad del individuo es un principio supremo incuestionable, y ahora antepone la voluntad del colectivo, la cerrazón de la grey, y el voto democrático. El anarcocapitalista actual se ha convertido en un remedo de lo que antes era. Tiene una ascendencia liberal. Pero ahora defiende los mismos ideales que atesora el constructivismo socialista, capaz de cocinar una constitución detrás de otra, para satisfacer a todos los comensales que acuden al festín que se dan los nacionalistas.

No obstante, no es necesario que el libertario coincida en todo con ese político casposo que se jacta de defender un nacionalismo despótico, o con aquellos sectores de la población obsesionados con la idea de implantar una auténtica autarquía. Es evidente que no parten de los mismos principios. Pero comparten el afán por conseguir una mayor prodigalidad y división de los territorios. Y esto es lo único que se necesita para ir en contra de todos ellos. En este artículo se critica la autodeterminación como principio. Desde luego, hay algunos casos en los que la secesión siempre será preferible a la unidad, por ejemplo, cuando se disuelve una tiranía y como consecuencia aparecen nuevas naciones más libres. Sin embargo, la fragmentación, como principio o precepto de la teoría liberal, no es aceptable en ninguno de los casos.

En el fondo, el anarcocapitalismo es un fraude teórico que acaba cometiendo el mismo error que acusan todas las ideologías que han fracasado anteriormente. La condena del anarcocapitalismo puede adoptar el mismo aspecto que tiene la condena de la monarquía, la condena de la aristocracia, la condena de la democracia y la condena de la república. Resulta imposible defender un principio invulnerable: la libertad del individuo, aludiendo al mismo tiempo a las decisiones particulares de una entidad arbitraria. La monarquía antepone la voluntad de un individuo en particular; la oligarquía prima las decisiones de una camarilla, la democracia prefiere las resoluciones de una mayoría electoral, y la república elige guiarse por una mayoría asamblearia. Finalmente, los anarcocapitalistas también preponen un arbitrismo parecido. Creen que todo debe quedar en manos de los territorios locales o las empresas propietarias, siendo éstos inmunes a las legislaciones de los demás, y teniendo por tanto una clara incompatibilidad con el principio universal que debería regir en todos los casos. Todas estas elecciones se refieren a organismos más o menos concretos, que hoy pueden defender la libertad y mañana no. Todas se constituyen a título personal, favorecen la multiplicación de opiniones en materia de leyes, y contravienen el carácter y la naturaleza del principio elemental, que solo puede ser uno.

Los anarcocapitalistas equiparan la competencia del mercado y la diversidad que debe existir en la oferta y la demanda de servicios, con la ley que garantiza que dichas ofertas y demandas sean realmente diversas. Al hacer esto cometen un error de identificación grave, que les lleva a creer que las constituciones y las reglas fundamentales de los países también tienen que estar en continua competencia, evolucionando de manera selectiva, como si no supiéramos de antemano qué normas son mejores que otras, o cuáles de ellas protegen sin ambages la libertad del individuo y permiten la extensión del bienestar y del mercado.

Las normas más básicas son extremadamente sencillas, no hace falta descubrirlas evolutivamente. Además, también son unívocas, por tanto no es necesario que compitan entre ellas. No existen diversas posibilidades que debamos escoger. Solo hay un principio verdadero, aquel que garantiza la libertad y la existencia del ser individual. Los gustos de los consumidores, en cambio, muestran una gran diversidad y complejidad, por eso debe haber muchos servicios y muchos oferentes, y una competencia permanente entre ellos. Pero la ley que garantiza esa diversidad y esa complejidad es única, y no se puede identificar con los bienes y los productos que llenan el mercado de posibilidades y satisfacen a todos los consumidores. Todos los bienes son heterogéneos, excepto uno. El bien que provee la ley que garantiza la libertad de oferta y de demanda, y que permite el mercado y el comercio, es homogéneo, y no cabe confundirlo con el resto de los bienes. Sin embargo, eso es precisamente lo que hacen los anarquistas de mercado. Su error es un error teórico fundamental, una identificación falaz, y una equiparación peligrosa que pone en duda el único principio que legitima el mercado. Confunden la libertad en materia de consumo y producción, con la libertad en materia de leyes, y al hacer esto, terminan por cercenar la libertad que dicen defender. Tan mala es una ley que coaccione la libertad individual como una que no lleve a cabo ninguna coacción en absoluto. Tan ingenuo es creer que necesitamos un Estado elefantiásico (hobbesiano), porque no somos capaces de progresar por nosotros mismos, como creer que no necesitamos ningún Estado en absoluto, porque todos acabaremos aceptando voluntariamente las normas que incitan ese progreso.

El punto óptimo es el Estado mínimo: la minarquía. Es verdad que la diversidad de leyes, y la existencia de Estados competitivos, pueden hacer que el sistema social sea más flexible. Es verdad que los Estados que defiendan la libertad de sus ciudadanos se desarrollarán con más velocidad que aquellos que se acogen al atavismo que provoca el intervencionismo. Igualmente, es cierto que la existencia de un Estado único conlleva el riesgo de que todo se venga abajo de repente. No vamos a negar estos supuestos, que juegan a favor del anarcocapitalista. Pero también es verdad que la existencia de muchos Estados siempre acaba beneficiando a aquellos que defienden el estatismo y el intervencionismo, pues son estos sistemas los que a lo largo de la historia han tenido más bombo y platillo, y los que se han extendido más rápidamente por la sociedad, a despecho del retraso que ocasionan. Además, una minarquía que se constituya en base al principio de la libertad, que apuntale la norma básica, y que alcance un cierto grado de ordenación, está más lejos de acabar destruida que un sistema sin reglas comunes, donde todo depende de los distintos gobiernos que existan. Esto se ve más claramente cuando uno analiza la amenaza exterior y las conflagraciones mundiales. En ese caso, el anarcocapitalista pierde toda la razón. Las amenazas exteriores, que siempre serán más frecuentes en un sistema con muchos países y muchas constituciones, se combaten además mucho mejor si existe unanimidad en los países atacados. Lo cual me lleva a pensar que la minarquía es en cierta medida superior al anarcocapitalismo. No se trata de buscar el sistema perfecto, sino el estado más óptimo. En este sentido, me da la impresión de que los pros que avalan a la minarquía superan a los contras, y que en el anarquismo de mercado ocurre lo contrario, siendo en este caso los contras más numerosos que los pros.

El problema que se achaca a la minarquía se puede achacar igualmente al anarcocapitalismo. Ninguno de esos dos sistemas es viable si no existe un consenso tácito y general. Los dos están expuestos a las revoluciones y las secesiones que puedan aparecer, y serán insostenibles si existe una cantidad considerable de personas que no quieran adoptarlos. Pero la minarquía revela algunas virtudes que no tiene el anarcocapitalismo.

De cualquier modo, si finalmente se demuestra que el anarcocapitalismo es más ventajoso que la minarquía, esa mejora seguramente será mínima, o vendrá condicionada por alguna otra propiedad o circunstancia cultural. Las discusiones entre liberales que buscan resolver este asunto son, en todo caso, legítimas y entretenidas, igual que lo son los juegos matemáticos que describen mil tipos distintos de universos. No obstante, deben considerarse de una importancia muy inferior a aquellas otras que intentan demostrar la iniquidad de los estados socialistas, y en consecuencia nunca tienen que servir para crear distintas facciones y para enfrentar a los liberales, los cuales deben tener la mira puesta en un único objetivo. Lo más perentorio es eliminar la inmensa intervención que lleva a cabo el Estado en todos los demás ámbitos de la vida. La mayor ventaja vendría al pasar del estatismo al minarquismo. Que luego también se eliminase el sistema judicial y los tribunales de última instancia adeptos del Estado y encargados de ilegalizar todas esas intervenciones, es probablemente una cuestión menor, más anecdótica que sustancial. En este sentido, el minarquismo también puede considerarse un objetivo más importante que el anarcocapitalismo, incluso en el caso de que el segundo resultase finalmente más apropiado que el primero.

De todas formas, lo más coherente, si uno cree en la libertad, es que también quiera defenderla de manera incondicional, con una institución unívoca. Lo otro es querer defender una causa sin tener una defensa. Lo contradictorio es defender algo sin defenderlo en absoluto, apoyar la libertad sin establecer una norma, hacer una afirmación sin convenir una aplicación general. Es incomprensible que los libertarios puedan compaginar su creencia absoluta en la propiedad privada con la negación de una institución (Estado mínimo) que, también de manera absoluta, permita que se cumpla ese principio fundamental.

El anarcocapitalista cree que la contradicción consiste en defender la propiedad privada y al mismo tiempo exigir un impuesto público mínimo que prive al individuo de una parte de su renta. Piensa que un hombre es dueño absoluto de todos sus bienes y que no hay tal cosa como la propiedad comunal, que obliga a todos a cumplir cierta normativa. Pues bien, la propiedad comunal sí existe, y se encuentra por todas partes. El hombre no vive aislado del mundo, y por tanto está obligado a compartir ciertos bienes (por ejemplo, la puerta que da acceso a las zonas comunes de una urbanización). Y sobre todo, deberá compartir la producción del bien más preciado que tiene, el que establece la ley que garantiza la libertad en todo el territorio, asegurando de ese modo el resto de propiedades. Si no hay unanimidad a este respecto, todo el sistema de libertades y propiedades acabará viniéndose abajo, o funcionará de manera precaria.

Un minarquista considera que la contradicción consiste en defender la propiedad y al mismo tiempo permitir que cada cual defina la misma como mejor le convenga o como establezca su sistema de seguridad privado. Yo no afirmo que los anarcocapitalistas no crean en normas u órdenes, claro que creen, pero precisamente por eso digo que son contradictorios, ya que no las quieren aplicar con carácter general. Los anarquistas de mercado creen en un orden general correcto. Para ellos, un gobierno institucional surgido de la voluntad de todos y garante de la propiedad privada, es una posibilidad evolutiva casi segura. No obstante, la única manera segura de implementar una norma fundamental es hacerlo de manera general y de forma deliberada. Creer en unas normas básicas y pensar que se van a extender por el mundo espontáneamente, cuando la historia está llena de ejemplos que demuestran todo lo contrario, es ser bastante ingenuo y actuar además de un modo irresponsable.

Por todo esto, se hace imprescindible resaltar cuán importante es entender que no se puede confundir el derecho de secesión (que compromete leyes fundamentales, constitucionales) con el derecho a asociarse libremente (que se refiere a leyes más particulares, propias de las asociaciones y las comunidades, y que solo se garantizan si existen unas leyes fundamentales inquebrantables). La competencia debe darse respecto a las leyes más particulares, pero no en lo tocante al principio más básico.

Yo no niego la posibilidad de que surjan comunidades pactadas de forma privada. Todo lo contrario. Precisamente, aborrezco las reivindicaciones nacionalistas porque ponen en riesgo la creación de comunidades pactadas y asociaciones libres. El derecho de autodeterminación y la secesión del territorio dan pie a que existan muchos más países, y por tanto también ofrecen muchas vías legales y subterfugios políticos, una parte de los cuales acabarán negando el derecho que tienen las personas a asociarse libremente. Por el contrario, la unión del país en torno a un gobierno mínimo que defienda esas libertades individuales, y que sea de todas indisoluble, garantiza en mayor medida (aunque no absolutamente) que dichas libertades se cumplan y afecten al mayor número de personas.

Si al menos viviésemos en un mundo donde los ciudadanos se mostrasen respetuosos, donde nadie estuviese dispuesto a imponerle al otro su visión particular, donde ningún individuo quisiera encorsetar los gustos de la población y las apetencias de sus coetáneos, si viviésemos en ese mundo podría tener algo de sentido la propuesta que hace el anarquismo de mercado. Pero vivimos en un sistema que promueve el socialismo y la política hasta la extenuación, en donde las personas intentan constantemente hacerse con el poder e imponer su particular modelo de sociedad, y donde todos quieren intervenir la economía, la educación, el arte, la sanidad, y hasta la manera de comer, de jugar o de hablar. En un mundo así, las reivindicaciones separatistas y las demandas de los anarcocapitalistas están todavía menos justificadas, y son mucho más peligrosas. En un mundo así, se hace más necesaria una norma básica que consista en exigir el respeto y en garantizar la libertad de todos los convidados.

Se equivocan los anarcocapitalistas cuando dicen que el minarquismo lleva la semilla del estatismo y que sus instituciones siempre tienden a hacerse más grandes. La semilla del estatismo no es el minarquismo, es la condición humana. Aunque no exista Estado, siempre existirán hombres dispuestos a imponer su santa voluntad. Ese es el verdadero origen del Estado mafioso, del que no se libra ninguna sociedad, ni siquiera una sociedad anarcocapitalista. Es más, como una sociedad anarcocapitalista promueve diversas legislaciones, tantas como propiedades haya, no salvaguarda suficientemente las leyes que podrían impedir que algunos hombres establezcan un Estado propio, y se impongan a los demás.

Solo somos verdaderos liberales si defendemos por encima de todo la libertad del individuo, sin condiciones ni concesiones de ningún tipo. Los comunistas siempre anteponen la voluntad del colectivo. Por eso sacrifican los derechos individuales en el altar del templo que erigen a tal efecto, y por eso justifican las matanzas que cometen, aduciendo que son necesarias para alcanzar el paraíso que anuncian en sus prédicas y sus sermones. Asimismo, los anarcocapitalistas y rothbardianos de hoy en día llevan a cabo una jugada parecida. Buscando la libertad, acaban justificando las demandas de los grupos separatistas, la secesión voluntaria, y la segregación nacional. No se dan cuenta de que al hacer esto están avalando las mismas ideas y medidas colectivas que persiguen sus oponentes, y están dejando en un segundo plano aquellas demandas que verdaderamente se preocupan por defender al individuo. La libertad del individuo no pasa por liberar el territorio, pasa por integrarlo en un espacio único que garantice los derechos de las personas y que impida que estos sean vulnerados y lesionados cada dos por tres, con la escusa del nacionalismo.

Todos aspiramos a ser libres, pero para acercarnos a ese propósito debemos apreciar un único camino, hay un caso en el que no podemos actuar con absoluta libertad, y es cuando debemos decidir entre respetar la libertad del otro o no hacerlo. En ese caso, tiene que existir una norma que nos conmine al cumplimiento de dicha obligación. Esa norma general es el primer objetivo que tiene que perseguir un liberal auténtico.

La libertad exige un derecho negativo. Y ese derecho negativo exige también una coacción institucional, no la coacción que impone al otro un gusto particular, sino la coacción contraria, la que impone el respeto de esos gustos particulares. El anarcocapitalista no sabe distinguir entre estos dos tipos de coacciones, los confunde, los identifica, y piensa que no puede haber ningún tipo de coerción.

La libertad también tiene un carácter obligatorio. Si no fuera así no sería libertad, no sería una norma o un principio, y no tendría sentido defenderla o reivindicarla. Por muy contradictorio y contraintuitivo que esto parezca, la libertad es una cualidad que exige a su vez alguna obligatoriedad. Esto es algo que el anarcocapitalista debería tener presente, para no caer en contradicción y para no resultar absurdo. Una cosa es el contenido de la teoría, la variedad de servicios y productos que se deben proveer en el mercado y que deben estar recogidos y reconocidos en las descripciones lógicas que hace la propia teoría, y otra cosa es el continente de la misma, el carácter general y homogéneo de la ley que debe contemplar cualquier normativa verdadera y cualquier marco constituyente que promueva la libertad de movimiento, de expresión o de acción. Esta diferenciación epistemológica es la clave para entender la legitimidad que avala a la minarquía y el abuso de la lógica que deslegitima al anarcocapitalismo. Ya lo dijo Bastiat en el siglo XIX, cuando, respondiendo a las afirmaciones de su colega y amigo Gustave de Molinari, el primer anarcocapitalista de la historia, adujo que éste se había excedido en sus declaraciones y se había dejado llevar por una ilusión de la lógica. Pues bien, esa ilusión es en realidad un error epistemológico, que atenta contra los fundamentos más básicos de la teoría y la razón. No se puede defender una teoría sin pretender su generalización. Y no se puede defender la libertad del individuo sin promover al mismo tiempo la creación de un Estado mínimo que garantice su aplicación y que haga honor al carácter esencial de la ley, es decir, a su naturaleza universal y su condición necesaria. La ley no es un bien privativo y no es propiedad de nadie, la ley es un bien ecuménico, público, e imprescindible en cualquier proceso económico o social. El mercado libre solo funciona si se respeta un único principio: la libertad individual. Esto no es cuestión de gustos. El bien que provee la seguridad y que garantiza la propiedad no es un bien equiparable a los demás. No es decidible, ni es necesario que lo sometamos a la competencia. Por tanto, no puede quedar en manos de los particulares, ni depender de sus preferencias. Debe establecerse con carácter obligatorio.

En un edificio de viviendas cada casa está decorada según los gustos particulares de sus habitantes o inquilinos, y nadie puede decirles cómo tienen que pintar las paredes o cómo tienen que colocar los muebles. Sin embargo, es necesario que todo el edificio se refuerce con hormigón armado y que se asiente sobre unos pilares sólidos. Sin estas condiciones nadie podría elegir la decoración de su casa, porque no existiría ninguna vivienda. Ocurre lo mismo con el edificio de la teoría liberal. Dicha teoría afirma que nadie tiene derecho a entrometerse en la vida de los demás. Pero este principio solo puede hacerse efectivo si existe al mismo tiempo una decisión unívoca que imponga el fundamento que permite esta efectividad. Vemos, por tanto, que existen dos componentes teóricos distintos, uno subjetivo (el contenido) y otro objetivo (el continente). Lo que esa teoría afirma (su contenido o su significado) es que los individuos deben ser libres para hacer lo que ellos quieran. Pero el carácter de la teoría (su continente o su significante), y su razón de ser, son cuestiones netamente universales y objetivas, que obligan a todos los individuos, y que no pueden compararse con los atributos particulares que la propia teoría describe y promueve. La teoría en si es un constructo que solo puede tener una intención hegemónica. No tiene sentido que una teoría se abstenga de buscar una aplicación general.

El principal error que comete el anarcocapitalista es precisamente el de identificar contenido y continente, y creer que, como la teoría que describe trata de defender la importancia y la inviolabilidad de la propiedad, también la propia ley y su legislación deben quedar en manos de los particulares y las empresas privadas. Esta identificación es un error epistemológico grave, que lleva al anarquista de mercado a defender un oxímoron absurdo, que confunde y mezcla dos conceptos incomparables, el concepto objetivo de la ley y el concepto subjetivo del individuo. Básicamente, lo que hace el anarquista de mercado es subsumir el concepto objetivo en el concepto subjetivo. Paradójicamente, es Rothbard el que nos advierte en uno de sus libros de la necesidad de diferenciar y apreciar ambos componentes, la objetividad teórica y las descripciones o los usos del sujeto: “…de lo que la economía nos informa correctamente no es de que los principios morales son subjetivos, sino de que lo verdaderamente subjetivo son las utilidades y los costes: las utilidades individuales son puramente subjetivas y ordinales y por tanto resulta ser de todo punto ilegítimo sumarlas y ponderarlas para llegar a una especie de valoración de las utilidades y los costes sociales”. Ya hemos dicho que los anarcocapitalistas creen fehacientemente en principios objetivos y en axiomas absolutos (el Cosmos), pero no en su implementación social (la Taxis). De esta forma, pueden llegar a entender la diferencia que existe entre el objeto teórico y el sujeto descrito (de hecho, Rothbard siempre defendió una ética objetiva). No obstante, al no apreciar una aplicación también general, en forma de un Estado mínimo que haga cumplir el axioma de la propiedad privada, terminan dejando que ese principio dependa en cualquier caso del arbitrio y la voluntad subjetiva de cada una de las empresas y propietarios que participan en el mercado. Por eso, el resultado final es que el elemento objetivo acaba siendo desnaturalizado, y solo queda un elemento subjetivo. La defensa del principio fundamental y el espíritu de la norma, que no puede ser otra cosa que objetivo, terminan dependiendo también de las decisiones que toman los particulares, los empresarios o los territorios. Y como quiera que estos son muchos y muy distintos, también son muchas las constituciones fundamentales que acaban dirigiendo la vida de las personas, desapareciendo con ello el componente ecuménico que avala y da sentido a la teoría general. En consecuencia, toda la defensa se pervierte y se malogra, y el liberal deja de inmediato de serlo.

La evidencia de un problema teórico demuestra que el anarquismo de mercado presenta una falla deductiva que es independiente de su aplicación práctica (esta manifestación deductiva es el propósito que me he puesto al principio del artículo). No obstante, tampoco debemos menospreciar las demostraciones fácticas. Ojalá algún día pueda existir la suficiente libertad como para que seamos capaces de poner en práctica todas estas ideas. Ojalá exista un sistema minárquico y otro anárquico, que puedan someterse a comparación, y bajo cuyo contraste podamos precisar qué forma de gobierno es mejor. Afirmar que la minarquía es el mejor de todos los estados, deja todavía algunos cabos sin atar. ¿Tienen que desaparecer todos los políticos, o debe quedar una muestra residual?, ¿es el poder judicial un estamento absolutamente inquebrantable, o existen algunas normas menos importantes que puedan someterse a votación? ¿Quiénes eligen a los que eligen? Todas estas cuestiones todavía están por resolver. Lo único claro es que debe existir un órgano general insustituible que se encargue de defender el principio básico. Pero todas las normas que entran a definir los detalles del acuerdo pueden tener una naturaleza más variable. La minarquía tiene sentido en tanto en cuanto exista un principio invulnerable y unas estipulaciones que impidan las vulneraciones mas palmarias del mismo. Por ejemplo, ningún político puede afectar la propiedad privada de las personas con decisiones que pretendan dirigir la economía quitando o poniendo empresas o empresarios. Ahora bien, algunos detalles de la norma sí pueden resultar del acuerdo ciudadano y del plebiscito general. En una urbanización hay decisiones que solo pueden someterse al consenso general y decidirse democráticamente. De igual manera, puede existir un órgano transnacional democrático que tenga potestad para tomar decisiones menores y que esté compuesto por algunos políticos electos. El minarquismo no aspira a hegemonizar la seguridad, no niega la existencia de empresas de seguridad privada, ni tampoco es su intención dirimir en todos los casos. Lo único que afirma es que deben existir algunos preceptos básicos inmutables, y que es necesaria una institución que los ampare. En cambio, el anarquismo de mercado sí niega esa institución, y por tanto solo admite una dimensión legal. Y como quiera que existen dos dimensiones, leyes generales y leyes particulares, los anarquistas ningunean y desprecian una parte de la realidad, y acaban perdiendo toda la razón.

El odio al Estado está sobradamente justificado, pero a veces también se sobredimensiona. Ese odio no nos debe nublar la vista. No debemos concluir que todo Estado es malo, y que por tanto lo único que cabe hacer es eliminarlo. Hay una única cosa que el Estado hace bien. El Estado es el único ente social verdaderamente general. Si lo que tratamos de defender es la libertad humana por encima de todas las cosas, también debemos defender un Estado mínimo que haga cumplir esa ley defensora de la libertad en todo el territorio. El establecimiento de una ley artificial que proteja la libertad natural del individuo, o la institución de un ente general y minárquico que tenga como único cometido garantizar ese principio, siempre contribuirá a mejorar el sistema social mucho más que si no se dieran esas medidas.

Aquellos que critican la minarquía, bien porque quieren implantar un Estado mucho mayor en el que todas las decisiones emanen de un ente objetivo único, bien porque no quieren ningún Estado en absoluto ya que lo que desean es que todo quede en manos de entes privados, no entienden ese equilibrio epistémico que existe entre el contenido y el continente teórico, o entre el sujeto y el objeto, o entre lo particular y lo universal. Básicamente, ese es el error que cometen todos los que critican o han criticado alguna vez el sistema minarquista.

Que existan deseos subjetivos necesarios no quiere decir que no existan valores objetivos y universales, susceptibles de aplicarse a la sociedad entera para que ésta camine en la dirección correcta de la manera más rápida posible. Muchos economistas austriacos dan tanto valor a las acciones subjetivas que se olvidan de que existen algunas proposiciones completamente objetivas y aplicables a toda la población. Existe una ética universal cuya imposición no puede suponer un menoscabo de la libertad y la independencia de las personas, precisamente porque lo que busca esa norma es defender el valor más importante de todos, a saber, el respeto de la libertad individual. Podemos llamar a esto constructivismo si queremos. Es el deseo deliberado de construir una sociedad mejor, que a todos nos asiste. No obstante, dicho deseo se basa en la creencia de que los individuos son libres de decidir qué situaciones les satisfacen más. Este constructivismo social es precisamente el opuesto a aquel otro que quiere inmiscuirse en la vida de todos, y es también el opuesto de cualquier ideología anarquista (capitalista o comunista) que renuncie a hacer una defensa unívoca del principio que mueve ese deseo de libertad. La única manera de combatir el totalitarismo falso es mediante la implantación de un totalitarismo verdadero, que defienda al individuo por encima de todo, y que lo proteja de todos sus enemigos.

Cualquier ente, sea del tipo que sea, debe pugnar por subsistir si es que no quiere extinguirse. Un pingüino tiene que caminar todos los días hasta el borde de la playa y zambullirse a continuación en el agua del océano en busca de comida. Todos los seres vivos, y en general todas las cosas, aspiran a mantenerse íntegros el mayor tiempo posible. En términos generales, la subsistencia coincide con la existencia. Cualquier estructura debe presentar algún modo de subsistencia. Una piedra existe gracias a que está hecha de un material muy sólido. Un pingüino existe porque lucha todos los días para alimentarse y no descomponerse.

De la misma forma, una nación asegura su existencia y se blinda ante cualquier eventualidad que amenace su integridad, si no repara en gastos a la hora de asegurar su unidad. La indisolubilidad de la nación debe ser un principio constitucional tan importante para ésta como lo son las aletas para el pingüino del ártico. En un sentido lato, las aletas y las leyes tienen la misma función y el mismo objetivo.

Imaginemos que queremos construir una nación que esté basada en la libertad y el derecho. Junto a los artículos que dispongan esta cimentación, deberán aparecer también otros que garanticen la continuidad del proyecto, asegurando la subsistencia de todo el sistema nacional. Por consiguiente, cualquier nación libre estará obligada a ser también una nación indisoluble. La indisolubilidad de la nación, su unidad y su solidez, constituye un precepto necesario para lograr este programa político. La libertad de un pueblo solo se consigue en la medida en que aseguremos su persistencia indefinida y continuada. En realidad, cualquier proyecto exige que se den este tipo de condiciones. Siempre que queramos conseguir algo, tenemos que asegurarnos de que eso que logremos va a presentar esa condición. Todo lo que existe debe permanecer. Y todo lo que permanece debe tratar de ser indisoluble. Cualquier cosa que existe consigue permanecer en la medida en que no se fragmenta ni se disuelve.

Las cosas deben ser indisolubles. Una nación también. A la hora de juzgar si conviene o no disolver una nación, no tenemos que fijarnos en el grado de integridad que manifiestan sus ciudadanos. El derecho de autodeterminación no es un derecho simplemente porque permita esa disgregación. Los pueblos tienen derecho a ser libres, no a separarse. La unidad es un requisito para la libertad. Si queremos que todas las personas sean libres e iguales ante la ley, estamos obligados a aumentar el rango de acción de esas leyes, no a disminuirlo.

La disolución solo está justificada en aquellos casos en los que las instituciones no respeten la libertad. Una tiranía puede fragmentarse sin que esto suponga un empeoramiento para sus ciudadanos. Pero esto no significa que la segregación sea algo bueno de por sí. La cosa es bastante sencilla. Si la nación apela a su identidad o sus tradiciones, si los políticos llevan la voz cantante, si no se cansan de reclamar el derecho de autodeterminación de los pueblos, entonces no hay duda de que lo que quieren conseguir es una mayor cuota de poder, a costa de la libertad de sus ciudadanos. En ese caso, la disolución nunca podrá estar justificada.

Hay muchas personas que ven en la indisolubilidad de la nación un acto dictatorial. Cuando se defiende una nación grande y libre, todos piensan que lo que se defiende en realidad es un sistema totalitario. Todos creen que las regiones tienen derecho a secesionarse si así lo desean sus ciudadanos. Pero esta afirmación es falsa. La disolución también puede poner en riesgo la libertad. Lo que hay que evaluar es si la nación que aspira a separarse quiere implantar un régimen mejor.

Sin embargo, los nacionalistas y muchos demócratas consideran el derecho de autoderminación como un derecho superior a todos los demás, incondicional, de primer orden. Es decir, piensan que las personas y los pueblos son libres solo porque tienen la posibilidad de independizarse.

Los no nacionalistas debemos anteponer un valor superior: la unión. Tanto los separatistas como los unionistas pueden tener razón en determinados casos, siempre que se quieran separar o unir para constituir un Estado más libre. No obstante, la unión aventaja a la separación en un punto. Tiene una virtud añadida que no tiene el separatismo. La unión implica siempre a un mayor número de personas. A igualdad de condiciones, la unión siempre promueve la libertad individual mucho más que la separación. Además, la unificación forma parte de una tendencia evolutiva general. La evolución siempre ha tendido a la unión. Los átomos se unen en moléculas, estas a su vez se unen en células, las células se unen en organismos. Las personas se congregan en torno a las ciudades. La unión es sinónimo de cooperación, de creación, de novedad, de respeto. La evolución del universo progresa gracias a la unión y a la complejidad de las estructuras que aparecen como consecuencia de esas fusiones. La creación de una estructura nueva a partir de sus constituyentes elementales se hace siempre a través de la unión. La segregación nacional solo puede excusarse si la región que aspira a desgajarse pertenece a un Estado totalitario. La unión y la integración nacional, además de poder justificarse sobre la base de la defensa de la libertad, tiene también otra justificación igual de importante, la que apela al progreso, la igualdad y la conciliación de todas las partes. La separación nunca puede ampararse en este tipo de cualidades.

La unión también tiene un marchamo científico: tiene que ver con la honestidad intelectual. Todas las teorías científicas aspiran a la generalización. Las ideas correctas son aquellas que buscan esa universalidad. Serán más correctas en tanto en cuanto sean más generales. Con las leyes y normas de un Estado pasa lo mismo. Si son correctas, deben aspirar también al ecumenicismo y la universalidad.

La unión legislativa tiene dos enemigos principales. Los nacionalistas (de derechas o de izquierdas) y los anarquistas (anarcocapitalistas o anarcocomunistas). Los primeros se dejan llevar por un sentimiento primitivo, que anhela la entidad de la tribu, y que aspira a gobernar en aquellas localidades donde exista un respaldo mayoritario, compuesto casi siempre por adeptos y palmeros incondicionales y por sentimentalistas políticos. Los segundos no son chovinistas, no quieren gobernar, no apelan a la demagogia. Pero precisamente por esto, porque no tienen ningún afán político, desean que todos los ciudadanos convivan en armonía, sin imposiciones de ningún tipo, y sin Estados de ninguna clase. Ambos grupos se equivocan. Tan perjudicial es el chovinismo cerril que tiende a imponer unos controles férreos, como el anarquismo ingenuo que afirma que no tiene que existir ninguna coerción. Por razones muy distintas estas dos visiones acaban abrazándose al mismo chopo. En el fondo, ambas se declaran nacionalistas, y ambas están en contra de una ley general y verdadera.

La verdad y la generalización son dos conceptos que están íntimamente ligados. Una verdad es más cierta cuanto más general sea, y cuantos más fenómenos pueda explicar. Lo general siempre es más cierto que lo particular. Por tanto, para abrazar una posición más real debemos admitir esos dos conceptos, el concepto de ley y el concepto de generalidad. El mundo funciona mediante leyes generales. No cabe describirlo de otra manera. Los nacionalistas repudian la ley, les da igual qué leyes existan, con tal de que éstas les permitan segregarse. Desean ser ellos los que establezcan esas reglas, en el terruño donde gobiernan, y para lograr esto están obligados a admitir la posibilidad de que exista un número infinito de reglas y regiones autónomas. Por su parte, los anarcocapitalistas repudian y execran la generalidad, porque solo ven en ella un motivo para imponer la coacción del Estado. Se olvidan de que existe un tipo de coacción necesaria y general (un estado mínimo), aquella que debe existir para conseguir un sistema de libertades duradero, aquella que impide a los hombres imponer su propia voluntad a los demás (sin ese gobierno de mínimos, el vacío de poder siempre acaba llenándose de ineptos y de bandidos).

Ambas visiones, la nacionalista y la anarcocapitalista, caminan en el mismo sentido, van en contra de la verdad universal y del precepto científico. Ya sea porque rechacen la verdad o porque rechacen el carácter universalidad de la ley (y su legitimación institucional), en los dos casos describen un mundo lleno de arbitrismos, ídolos ineptos y hombres de paja.

Como muchos otros veranos, éste que ahora termina me ha permitido de nuevo escapar por unos días del bullicio madrileño, que tanto crispa el ánimo, y recalar en la casa que regentan mis tíos en el municipio de Gata de Gorgos, próximo a la localidad de Javea, en uno de los enclaves turísticos más importantes de la costa mediterránea. Y como muchos otros veranos, en esta ocasión también han reaparecido las mismas rencillas y discrepancias que salpimientan las discusiones políticas que mantengo todos los años con esa parte de mi familia. Mis primos son catalanistas. Aunque la localidad donde viven pertenece a la provincia de Alicante, ellos defienden a pies juntillas la secesión de Cataluña, conmemoran la Diada, apoyan el referéndum separatista, y seguramente también coman alguna que otra butifarra. Como yo defiendo todo lo contrario, y no me ando con tapujos, enseguida ha saltado la polémica. De repente, ha venido mi tío por detrás y me ha soltado de sopetón la siguiente frase: “cómo es que tu defiendes el liberalismo y luego pretendes impedir que la gente decida libremente si quiere seguir perteneciendo a la nación española”. Según se deduce de estas palabras, la actitud de un liberal auténtico pasaría por permitir que los hombres hagan lo que sea, siempre y cuando sea eso lo que quieren hacer. En este caso, cualquier legislación quedaría legitimada con tal de que la gente decidiese mayoritariamente la independencia, y se acogiese a otras constituciones. Esta asociación de ideas es muy común también entre los propios libertarios y anarcocapitalistas, muchos de los cuales están igualmente a favor del derecho incondicional a la libre secesión.

Los nacionalistas defienden una postura que acaba por relativizarlo todo. Por supuesto, también relativizan el tamaño del Estado. Para ellos el nacionalismo español puede ser objeto de las mismas acusaciones que les hacemos quienes apoyamos la integración nacional. Si afirmamos que el suyo es un sentimiento tribal injustificable, ellos nos replican diciendo que nosotros también somos nacionalistas y que lo único que nos diferencia de ellos es el lugar que elegimos para trazar las fronteras, o la extensión territorial que concedemos a nuestra patria.

En el caso de los anarcocapitalistas el asunto es todavía más grave. Para estos no existe ninguna equivalencia, ya que para ellos siempre es mejor que el Estado actúe sobre un territorio reducido. Cuanto más pequeño y mas fragmentado esté un país –nos dicen-, mas lejos estaremos de acabar en manos de un gobierno omnipresente y totalitario. Según ellos, la pequeñez es casi el único indicativo fiable que existe. No obstante, la única pequeñez que queda de manifiesto en esta afirmación es la que hace referencia a la visión menguante que tienen las personas que eligen ese tipo de barómetro para medir la libertad.

Yo pienso que la libertad es completamente incompatible con el derecho de decisión (que excita el ánimo de los democraticistas), o con el derecho de secesión (que excita el ánimo de los nacionalistas), y también es incompatible con ese escenario multiestatal que predican y que publicitan algunos libertarios. Lo que yo defiendo es la libertad del individuo, no la libertad de secesión de un colectivo regional o de una alícuota de ciudadanos. No todas las normas son susceptibles de someterse a votación, como parece que dan a entender aquellos que quieren dejar todas las decisiones en manos del partido mayoritario o del pueblo mejor organizado. Si me manifiesto a favor de la libertad del individuo es porque creo que este principio es un principio racional, que avala una teoría incuestionable, plenamente objetiva. En cambio, el nacionalismo y el separatismo se basan en unos sentimientos que nacen de las vísceras, y cuya seña de identidad viene representada por unos principios particulares y arbitrarios, asiduos de las tradiciones y las costumbres que exaltan los comportamientos de ciertas regiones y localidades, por encima de aquellos que serían objetivamente mejores.

Yo estoy manifiestamente en contra del uso partidista de las instituciones. No quiero que las leyes más importantes, que aspiran a garantizar la libertad de todos los individuos, dependan en cualquier caso de las decisiones que adopte una mayoría democrática o una minoría nacionalista. Y por lo mismo, también estoy en contra de cualquier división que venga a romper el marco de aplicación que es necesario para que estas leyes sean efectivas. Me niego a admitir cualquier justificación que priorice la fragmentación y la división de la nación española, y que solo contemple ese tipo de operaciones. Esta actitud mía no refleja ningún patrioterismo barato, pues no deseo la unión porque defienda la superioridad de mi raza o de mi pueblo. Defiendo la unión porque esa es la única manera de aplicar una ley verdaderamente objetiva y general. Y defendería la disolución de la nación española dentro de un gobierno más general si éste se atuviera a los mismos principios que me sirven a mí para defender la integridad española. La ruptura siempre nos aleja de la meta que debería perseguir cualquier liberal de pro. El liberalismo es la afirmación de un principio universal, que se basa en un derecho absoluto: el derecho de todos los ciudadanos a ejercer la libertad. Por tanto, no debería poder ser alterado o influido por el resultado de unas elecciones plebiscitarias, o por las consecuencias que se derivasen del adoctrinamiento infantil de una generación de charnegos. Cuando se somete a votación una ley tan importante e incuestionable como esta, no se está defendiendo la libertad de todos los ciudadanos sino la capacidad para que algunos de ellos elijan el gobierno que más les convenga, aquel que satisfaga mejor sus intereses colectivos, o aquel que ofrezca más privilegios a los charlatanes y los trileros que realizan la función de políticos y que, al fin y al cabo, son los que más incitan y exaltan ese sentimiento y ese odio chovinista. Yo defiendo un principio ecuménico, unitario, que atiende a una realidad absoluta, que compromete la vida de todas las personas, y que aspira a establecer un orden general pacífico. La libertad del individuo está por encima de cualquier opinión particular; no en vano, es la única norma que permite que todos se puedan expresar y puedan convivir armónicamente. Y también está por encima de cualquier proyecto nacionalista que aspire a romper esa unidad de trato y ese orden general.

Muchos son los que confunden la libertad del individuo con otra cosa, por ejemplo, con la capacidad para hacer todo lo que uno quiera, con las decisiones de independencia, con las secesiones voluntarias, o con la inexistencia de un órgano general. Pero la libertad real no tiene nada que ver con esto. Efectivamente, se basa en la capacidad de las personas para hacer lo que estas decidan de manera particular, a título personal. Ahora bien, esa capacidad solo puede ser protegida y fomentada de una única manera, mediante una normativa general que se blinde ante cualquier corriente que quiera imponer unas normas distintas. Al fin y al cabo, el nacionalismo centrífugo no es más que otra forma de relativismo, uno en el que se relativiza la ley y se legitiman muchas legislaciones, todas las cuales abogan por la necesidad de organizar la sociedad sobre la base de muy diversas constituciones, cada una con distintas ordenanzas y distintas normativas, la mayoría de ellas opuestas. Esto no puede ser nunca una defensa liberal, más bien es la defensa que escogen los políticos y los tiranos, que ven como se acrecientan sus posibilidades cada vez que aumenta el número de legislaciones y lugares en los que poder medrar; si no son capaces de prosperar en determinada región, siempre podrán hacerlo en otras ciudades-estado, de las muchas que existan. El auténtico liberal debe enfrentarse a éste tipo de oportunismo político, y tiene que creer por encima de todo en la libertad de los individuos, hayan nacido éstos donde hayan nacido. Esta defensa solo es compatible con una situación que sea igualmente unívoca, en la que solo se establezca una constitución, la cual deberá afectar al máximo territorio posible. Hacia ahí nos tenemos que mover todos los liberales, alejándonos en cualquier caso de las posiciones nacionalistas que caminan en sentido contrario. El desarrollo y el progreso de la sociedad constituyen proyectos unidireccionales, que deben implicar a todos los hombres sin excepción. La libertad individual atiende a un principio universal, inconciliable con el nacionalismo y el cortoplacismo. Progresamos en mayor medida si somos más los que nos acogemos al principio que aboga por defender la libertad de todos los ciudadanos. Igual que la ciencia progresa por medio de la generalización y la abstracción, las leyes que afectan a la sociedad también deben progresar de la misma manera, acogiéndose a un principio general, que es el único que puede respaldar un proyecto verdadero.

Cuando mi tío me interpela y me acusa de sostener una posición contradictoria, porque según él no se puede ser liberal y al mismo tiempo defender la obligatoriedad de una ley que nos hace a todos partícipes de un mismo proyecto nacional, en realidad lo que está haciendo es tergiversar el sentido y el concepto de la libertad. La libertad no es una libertad positiva (incondicional), gracias a la cual todos puedan hacer lo que quieran, votar cualquier constitución, acogerse a la legalidad de cualquier región, o romper con cualquier marco constitucional. La libertad es un proyecto científico, racional, unívoco, y por tanto su metodología debe trascender cualquier situación particular. La verdadera libertad defiende el derecho de las personas a hacer lo que éstas quieran, pero es precisamente por eso que dicha defensa está obligada a contemplar unos principios inalterables, que solo pueden implementarse mediante la imposición de una legislación unívoca.

Muchos no comprenden la compatibilidad que existe entre esas decisiones personales libres y esas exigencias de cumplimiento generales. Es necesario que hagamos aquí un poco de pedagogía. La libertad se basa en la abolición de cualquier intromisión o imposición que pretenda decidir sobre valores, intercambios, gustos o actos de personas adultas. Pero al mismo tiempo esta abolición tiene que estar respaldada por una imposición, la única legítima, que tendrá la función de proteger esas libertades individuales, haciéndolas incuestionables e invulnerables. Cualquier otra solución acaba recalando en un relativismo incompatible con la libertad y la soberanía individual, que siempre han de ser universales.

El único rastreo que permite acometer la empresa de la racionalidad humana es aquel que aspira a encontrar una teoría general. Cualquier búsqueda de conocimiento pasa por comprender los hechos que permiten agrupar aquellos otros fenómenos que no presentan ningún vínculo apreciable. La comprensión humana es una capacidad de relación. Cualquier análisis racional conlleva una visión integradora. La búsqueda intelectual y la razón del hombre atienden a un único motivo general: deben encontrar un nexo teórico, y solo adquieren sentido si tienen el propósito de buscar y describir ese hecho objetivo. La razón es incompatible con las visiones sesgadas y con las opiniones maniqueas. La razón es incompatible también con la religión, en la que todo depende de la creencia particular, es incompatible con el historicismo, en el que todo depende del momento histórico, es incompatible con el polilogismo, en el que todo depende de la raza o la estructura del cerebro, es incompatible con el socialismo, en el que todo depende de la clase social o el nivel de riqueza, y es incompatible con el nacionalismo, en el que todo depende de la región geográfica que tomemos en consideración, o del color de la bandera que ondee en los ayuntamientos de dicha región.

El filósofo granadino Francisco Suárez, en la disputación I de su libro Disputaciones Metafísicas, nos dice lo siguiente: “…nosotros, en cada arte o ciencia, juzgamos más sabio a aquel que conoce las causas de las cosas con más intimidad y universalidad… el conocimiento humano es perfecto en tanto que alcanza la causa, y mientras no logra esto permanece imperfecto, e indicio de esto es que el ánimo del investigador no descansa hasta que da con la causa. Por consiguiente, será sabiduría absoluta aquella que alcance las causas más elevadas y universales de las cosas, de donde le vendrá también el ser más apta para enseñar”. Con más motivo, si cabe, en la ciencia política nos vemos obligados a buscar también una ley absoluta que afecte y beneficie a todos los individuos. Y una vez que la tenemos, solo podemos actuar de forma coherente si defendemos esa ley de manera incondicional, mediante un acto sacramental de legitimación política que aspire a proteger a todas las personas, no solo a los catalanes, y que impida que las decisiones que se tomen en torno a dicha ley dependan en cualquier caso de la voluntad de unos pocos individuos, o de una mayoría de ellos.

A veces, un Estado pequeño puede resultar mejor que un Estado más grande. Otras veces puede ser el Estado grande el que defienda con más insistencia la libertad de sus ciudadanos, incrementando su disfrute. Por tanto, la cuestión que dirime el problema de la libertad no gira exclusivamente en torno al tamaño del Estado, como parece que piensan algunos libertarios y anarcocapitalistas, gira sobre todo en torno a la propia libertad, a su grado de implementación y al carácter universal del principio bajo el cual ésta se establece. A veces es mejor un Estado secesionado, que rompa con la unidad de un gobierno totalitario. Otras veces los devotos del separatismo aspirarán a implantar un régimen mucho peor, aprovechando esa devoción y ese aislamiento, y entonces lo correcto consistirá en impedir que se segreguen.

No obstante, lo que está claro es que siempre es mejor que la libertad afecte al mayor número posible de personas. Por tanto, el programa liberal deberá incluir entre sus objetivos uno que aspire a unir a las regiones y los pueblos, y no uno que insista en separarlos. Tal vez, ese gobierno unitario no sea posible a corto o medio plazo, tal vez no lo sea nunca, pero esto no obsta para que se incluya en la agenda y se perfile como un objetivo. La separación nos acerca irremisiblemente al estado tribal y a las condiciones de vida de nuestros antepasados más remotos. Por el contrario, la unificación nos sumerge en un mundo globalizado, conectado, moderno y abierto. Estas derivas no son casuales: la unificación es la única medida científica que existe, es el único fruto de la razón, y también es la raíz que sostiene cualquier evolución cultural, cualquier proyecto intelectual, cualquier acúmulo de conocimiento y cualquier acercamiento a la verdad.

Muchos liberales tienden a confundir la libertad del individuo con el derecho incondicional del mismo a la libre secesión, con su derecho de adscripción a un territorio determinado, y con todas aquellas defensas que luchan en mayor o menor medida para que los pueblos gocen de una completa independencia jurídica. Pero por ese camino los liberales no están defendiendo ninguna égida individual. Cualquier separación que implique a un territorio completo y que modifique todas las normas de una región no puede ser en ningún caso una acción o un derecho individual, más bien será un ejercicio exclusivamente colectivo. Esos mismos liberales, y por los mismos motivos, tienden a equiparar más de lo debido el nacionalismo español y el nacionalismo catalán. Con ello, están contraviniendo completamente sus principios liberales. No solo dan alas a los políticos de todas las regiones habidas y por haber. Además, defienden una causa que está muy alejada de aquella que siempre ha inspirado la búsqueda objetiva que caracteriza a la ciencia y que es la seña de identidad de cualquier proyecto racional. La unidad nacional entraña siempre una postura racional más objetiva, más acorde con los principios de cualquier teoría científica (simples y únicos). En cambio, la defensa que hacen los chovinistas y los separatistas se aleja siempre de esta postura. En segundo lugar, aquellos que igualan el nacionalismo centrífugo con el centrípeto se olvidan de que el primero excluye cualquier ventaja que pueda abrigar el segundo (ej. mayor eficacia y economía de las normas, unión en torno a la única defensa legítima, generalización de la teoría, extensión de la libertad), mientras que el segundo no excluye las ventajas que habitualmente se atribuyen a los Estados pequeños (ej. se puede mantener cierta autonomía regional sin destruir completamente el estado de derecho, como quiere los independentistas; se puede fomentar la competencia entre regiones y la independencia fiscal sin necesidad de renunciar por completo a los principios fundamentales que tienen que regir en todas ellas; es más, solo se puede competir de esta manera si existen unos principios centrales que guíen las decisiones de todas las autonomías; más allá de eso toda división es un error).

La ciencia consiste en buscar la generalidad, y la política del liberal no puede tener otra meta distinta de esa. La libertad también requiere algunas exigencias de cumplimiento generales (llámense colectivas si se quiere). Las leyes más fundamentales siempre aspiran a la simplicidad y la generalización. Buscan explicar más fenómenos con menos premisas. Este es el único camino que garantiza el éxito, no solo porque es el que más se ajusta a la verdad, sino también porque es el que mejor se puede implementar. Las leyes simples son fáciles de aplicar y de establecer. Aquellos que ven un problema en el hecho de elegir por consenso unas normas concretas, no entienden que el gobierno de la libertad es sumamente sencillo. No es necesario resolver complicados acertijos, basta con proteger y permitir que lo hagan todas las personas, de forma individual, con la poca información de que disponen en sus ámbitos particulares, y creando un orden espontáneo suficientemente extenso y diverso. Luchar para eliminar las constituciones regionales que proliferan y se multiplican bajo el nacionalismo, o combatir el exceso de leyes que los socialistas quieren imponernos, requiere que establezcamos una legislación única y sencilla, fácil de implementar, verdadera, e inmune a los ataques de los chovinistas y los estatistas. No podemos estar equivocados. La ciencia, la realidad y la experiencia cotidiana nos avalan.