Que lejos está Rallo, en la cuestión nacional, del genio y el sentido común que yo le atribuyo en muchas otras áreas del pensamiento. Para Rallo, derogar las autonomías setenteras, prohibir los partidos nacionalistas, controlar la inmigración ilegal, y promover el plan hidrológico nacional, es ir claramente en contra de la libertad individual. Lo dice en un artículo aparecido esta semana en El Confidencial (abajo tienen la fuente).
Al parecer son los sistemas autonómicos, que crean ciudadanos de primera y segunda clase, los partidos políticos, que quieren cargarse el marco general de convivencia que nos hemos dado todos los españoles de mutuo acuerdo, los inmigrantes, que en ocasiones vienen a España a delinquir, y los chovinistas que hace unos años boicotearon el trasvase del Ebro comprometiendo con ello la economía familiar de millones de individuos, los verdaderos puntos de referencia que hay que seguir si queremos expandir la libertad de esos individuos.
La manía persecutoria de ciertos liberales, que quieren negarle al Estado central cualquier papel importante, defendiendo cualquier expresión individual o minoritaria y cualquier cosa que suene a división, respeto de las minorías, o mercado privado, está cortocircuitando la mente de muchos librepensadores. Como decía Popper, la tolerancia a veces también es hija de la tiranía. Pues bien, en este caso constatamos de nuevo la misma paradoja. Hay ocasiones en las que el individualismo metodológico lleva a creer que toda división del Estado es buena, siendo que algunas veces esa segregación está alumbrando un abuso y un desorden mucho mayores.
Me dice un amigo que Rallo está a favor de la supresión de las autonomías si es para realizar una mayor descentralización, pero nunca si es para blindar esas nuevas regiones impidiendo que ellas mismas sean objeto de nuevas divisiones. Pero esa mayor descentralización a la que se refiere Rallo ya existe hoy en día: se llaman provincias. No hacen falta esas alforjas. Ya tenemos una división administrativa funcional operando a pleno rendimiento. Lo que hay que hacer es concretar sus competencias.
Como se puede ver, no estoy en contra de toda descentralización. De lo que estoy en contra es de todas las autonomías y todas las administraciones redundantes, estoy en contra de trocear un país hasta el infinito. No estoy de acuerdo con la segregación incondicional que plantea Rallo porque creo que algunas funciones importantes tienen que estar centralizadas y porque no creo que el futuro consista en volver a las taifas. Pero tampoco abogo por una centralización incondicional de todas las funciones. El problema es algo más complejo que todo eso.
La cuestión principal es que no pueden existir niveles superfluos de organización estatal sin dañar al sistema. Aquí hay dos problemas que se suelen mezclar. Uno es el problema de las duplicidades, que por si solo ya debería bastar para eliminar las autonomías. El otro es el que nos lleva a dirimir el tipo de autonomía que queremos dar a las unidades administrativas territoriales que constituyan finalmente un único nivel de ordenación infraestatal. En este caso se puede discutir más. Yo estoy a favor de conservar algunas competencias esenciales para el Estado, como por ejemplo el control del déficit, y descentralizar otras tales como la gestión de los recursos y las rentas que cada provincia genera de manera autónoma. Con lo que no estoy de acuerdo es con esa segregación multinivel que defiende Rallo, ni con la centralización exagerada que apoyan aquellos que reclaman a gritos una caja común y una solidaridad fiscal entre regiones.
El nudo gordiano del asunto consiste en discriminar (siempre consiste en eso) aquellas funciones básicas que comprometen el bienestar común de todos los ciudadanos y que por tanto deben quedar en las manos del Estado, de aquellas otras que fomentan una competencia sana y que dependen sobre todo del esfuerzo o mérito particular de una determinada zona del país. Toda solución que pase por plantear una ruptura o una unión incondicional o indiscriminada estará ninguneando alguno de estos dos aspectos. Rallo no contempla ningún fundamento esencial válido que deba quedar en manos del estado central, siempre y cuando el país se pueda disolver en un sinfín abigarrado de pequeñísimas regiones. Los unionistas más extremos, y la mayoría de socialistas, quieren que el Estado asimile funciones que en realidad solo pueden pertenecer al mercado, distribuyendo las rentas sin atender al esfuerzo, entre aquellas comunidades más pobres. Yo lo que quiero es que se atienda correctamente a todas las necesidades, las que requiere el conjunto de la nación, y las que se pueden particularizar a nivel de provincia. Creo que esa visión es la que más se aproxima a un verdadero análisis integrador, que abarque todas las categorías administrativas, sin incurrir por ello en grandes costes o duplicidades inútiles.
Artículo de Rallo:
El Replicador Liberal 